Actualidad Perú

CUANDO EL PASADO NOS ALCANCE: EL DESBORDE POPULAR EN EL PERÚ

Por Mario Suárez Simich

Escritor peruano

  Tras ciertas formas visibles de violencia a menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente; sobre todo, cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses. Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran; esto, en algún momento, tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos en estos días. Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano populares y amazónicos, que por años han sido invisibilizados o marginados, o postergados; desconociéndose sus derechos ciudadanos.

  Estas palabras son parte del discurso que el Nuncio Apostólico en el Perú, Paolo Rocco, dirigió a la presidenta Dina Boluarte durante el saludo del cuerpo diplomático acreditado en el país. Apenas unos días antes habían empezado las protestas sociales que han azotado el Perú desde la destitución de Pedro Castillo como jefe de estado, luego de un fracasado intento de cerrar el congreso, el 7 de diciembre del año pasado. El diagnóstico del Nuncio es bastante acertado, pero las enfermedades del Perú son mucho más complejas y vienen de muy atrás, lo que exige una evaluación más detallada. Si bien es cierto, en los últimos años se han producido una serie de hechos que han servido de catalizadores para acelerar la actual crisis social, intentar dar un panorama es ya un objetivo complicado, así que intentaremos dar algunas coordenadas, claramente, desde una visión de parte.

“Como si los pobres no existieran”

    Si bien cierto, la economía peruana, con todas sus taras, ha crecido en cifras y estadísticas en las últimas cuatro décadas, pero de ninguna manera ha logrado satisfacer las expectativas mínimas de los sectores más deprimidos. Como telón de fondo, abarcando todas las actividades, desde los contratos internacionales hasta evitar una multa de tráfico, la corrupción es un “gasto” asumido por la población. Además, cuando se habla de la “economía peruana” hay tener en cuenta que más de la mitad de ella es informal, lo que, traducido al español de España, quiere decir que funciona en “negro”, sin tributar. Desde los comerciantes ambulantes, que se apropian de un pedazo de acera para vender sus productos, hasta los profesionales independientes/autónomos o pequeños comerciantes, evaden el pago de impuestos o solo declaran lo mínimo tributable para no caer en la informalidad. A esto hay que agregar que los grandes capitales y empresas cuentan y financian operadores políticos para obtener leyes que los favorezcan fiscalmente. Baste citar la donación “secreta” de tres millones de dólares que hizo el dueño del Grupo Romero a la candidata Keiko Fujimori en la última campaña electoral. A una economía así, hay que sumar a la minería, la tala ilegal, el contrabando y el narcotráfico, que mueven cientos de millones de dólares al año. Todo esto hace del Perú, no una economía de libre mercado, sino algo muy parecido al anarco capitalismo. El estado recauda muy poco y lo administra mal, lo que trae como consecuencia el abandono de los servicios de salud o educación por citar solo dos. En esta realidad, la población se ve obligada a buscar esos servicios en el ámbito privado o padecer los públicos. La aparente bonanza económica de las últimas décadas no ha contribuido a mejorar la situación de quienes son víctima del desinterés e incapacidad del estado, situación que se arrastra desde hace mucho tiempo atrás.

“Cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses”

  Para entender lo que viene sucediendo en el Perú hay, también, que contextualizarlo en el marco internacional. No se puede negar que el reagrupamiento de las tendencias de derecha tiene su origen en movimiento americano del Tea Party. Así como en España la influencia de este movimiento ha producido una radicalización de los partidos de derecha y el resurgimiento de un “neofranquismo”; en otros países, esta radicalización ha polarizado el voto entre derecha/izquierda sobre todo en las segundas vueltas electorales, donde el candidato elegido como presidente obtiene a duras penas la “mitad más uno” para gobernar, como ha sucedido en Brasil, Chile o Colombia. La influencia en el Perú, ha producido un fenómeno parecido, pero también singular. La derecha tradicional peruana ha abandonado, desde hace muchas décadas, la producción y confrontación de contenido ideológico y su único objetivo político es mantener a flote un modelo económico que es una caricatura del “libre mercado”; por ello, los partidos de derecha en el parlamento, no representan ideas, sino intereses económicos bien definidos y representado en sus bancadas. Las hay que abogan por los del sector empresarial, minero, industrial y hasta educacional, en un país donde la educación privada, sobre todo universitaria es de ínfima calidad y un gran negociado libre de impuestos.

  Estos “parlamentarios” realizan estas operaciones políticas a tiempo completo, posponiendo sine die leyes necesarias para el desarrollo del país y desatendiendo el verdadero control congresal que es su obligación constitucional. Cuentan además con una prensa concentrada empresarialmente en pocas manos y que sobrevive financieramente en gran medida gracias a la publicidad estatal, por lo que su función crítica y fiscalizadora del poder y su posición editorial depende de la cantidad de publicidad contratada. La izquierda intelectual, por su parte, sigue estudiando y analizando, desde las ciencias sociales, la compleja sociedad peruana sin que sus conclusiones sean asimiladas a los proyectos de la izquierda política. Esta izquierda puede dividirse en una cuya posición parece no haber cambiado desde los días de la guerra fría y otra más moderna y aggiornada, pero cuyo mensaje, dirigido más a la población urbana, no llega a calar en zonas altoandinas, como lo demuestran las últimas elecciones presidenciales.

  Es por esto que, al poder fáctico así constituido, todo tipo de reclamo de mejora o de cambio se convierte en una amenaza a sus intereses particulares.

Que es la (violencia) de quienes desprecian lo diferente

  En vísperas del 11 de abril de 2021, fecha de elecciones presidenciales y congresales, ya era latente el malestar social porque el “exitoso” sistema solo beneficiaba a unos grupos, sobre todo urbanos; mientras, los sectores rurales se veían excluidos de ese aparente éxito. Algo parecido desató las protestas en Chile; pero, a diferencia de ese país, la mayoritaria economía informal daba para “ir tirando” en el día a día, hecho que evitó una protesta violenta como la chilena. Pero fue la pandemia del Covid, unos meses antes, lo que hizo saltar por los aires la narrativa de las bondades económicas del modelo económico peruano. El colapso de la ya colapsada sanidad pública, incapacidad de las autoridades educativas para poder implementar un sistema virtual de educación en un país donde el acceso a internet es un lujo en las zonas urbanas deprimidas y casi inexistentes a nivel de infraestructura en las zonas rurales. La población pudo ser testigo de cómo los enfermos morían por falta de camas UCI, de un mercado salvaje que jugaba a la oferta y la demanda con el oxígeno, o a las clínicas privadas cobrando 10 dólares por una pastilla de Paracetamol, mientras el gobierno se veía implicado en casos de corrupción en la compra de vacunas o cómo políticos y funcionarios eran vacunados de forma privilegiada. Todo esto mientras se acercaba el 2021, bicentenario de la independencia del Perú, que servía a diferentes sectores para debatir sobre “el estado de la República”, con un saldo negativo para ésta; se empieza a hablar también del llamamiento a una consulta popular que apruebe o rechace una asamblea constituyente que sustituya a la del 1993 sancionada durante el régimen de Fujimori. En este marco, se hizo evidente la manera en que las redes familiares, vecinales, sindicales y todo tipo de organizaciones sociales se arreglaron para resistir a la pandemia por cuenta y riesgo ante la indolencia e incapacidad del estado.

  Así se llega a la primera vuelta que arroja un sorpresivo resultado. Junto a la candidata de la derecha y favorita Keiko Fujimori, que obtiene la segunda votación; la primera, es alcanzada por Pedro Castillo, un profesor rural de la sierra norte, sindicalista de izquierda y líder de la huelga magisterial de 2017, que despuntó de forma vertiginosa en los últimos días. Ambos irían a la segunda vuelta. Este es el inicio del conflicto que acabará en las grandes manifestaciones y revueltas de las últimas semanas. El resultado, en un primer momento, pareció polarizar al país en dos bandos izquierda-derecha, pero el mar de fondo era mucho más complejo. La candidata Fujimori se iba a enfrentar, antes que a Castillo, a un poderoso voto anti fujimorista, electores que ven en ella la continuación del gobierno de su padre, preso por corrupción, delitos de lesa humidad y responsable del golpe de estado de 1992. Mientras, Castillo, sin anticuerpos políticos iniciales, carga con el sambenito de “comunista” y del posible voto anti comunista.

  La campaña de la segunda vuelta, lejos de ser un debate de propuestas o ideas, o de ataques retóricos al uso en este tipo de contienda electoral, da rienda suelta al larvado clasismo y racismo peruano de un sector de la sociedad. Paulatinamente, conforme se acerca la fecha de la segunda vuelta, el discurso de la derecha peruana se va convirtiendo una clara y maniqueísta narrativa en que la opción a elegir iba a ser entre blancos-criollos “preparados para gobernar” contra cholos-serranos “ignorantes” e “incapaces de gobernar”. Se desbordan en redes todo tipo de ataques discriminatorios y racistas contra la población andina, en especial la del centro-sur del Perú, bastión de los votantes de Castillo. No es, claro, la primera vez de este tipo de ataques, incluso desde el ámbito oficial, baste decir que siendo presidente Alan García se refirió a los nativos de la selva que protestaban contra las leyes forestales como: “ciudadanos de segunda clase”, o un parlamentario que sostuvo que: “los andinos no pensaban bien porque la altura impedía que el oxígeno les llegase al cerebro”. Surge así un sector político al que se le denomina como Derecha Bruta y Achorada (macarra). Los aludidos, gente del Ande, van a canalizar la indignación por estos agravios a sus diferencias, primero en las urnas y meses después en las protestas.

Invisibilizados, marginados y postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos.

  Pedro Castillo gana la segunda vuelta con solo el 0.13 por ciento de ventaja y la derecha peruana, al igual que hizo la americana, rechaza el resultado de las urnas aduciendo “una conspiración comunista internacional”, manipulación de actas electorales, suplantación de identidades y otros argumentos que jamás pudieron probar ante los respectivos jurados electorales. Del 6 junio al 9 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori reconoce su derrota, con el apoyo y el unísono de todos los medios de comunicación, la derecha desata a una segunda campaña para desacreditar tanto a los funcionarios encargados del conteo de votos, a los magistrados del jurado electoral, veedores internacionales, y organismos internacionales como la OEA, que se negaron a aceptar la narrativa del fraude. Cobra fuerza el señalamiento como “terrucos” (término que acusa de ser simpatizante del grupo terrorista Sendero Luminoso, desarticulado en la década de los noventa del siglo pasado y, por extensión, a alguien proclive a tomar el poder por métodos violentos) a todo aquel que rechazara la versión de fraude. Pero lo que en verdad asusta, aterra, a esa élite blanca-criolla y a los que creen pertenecer a ella haciendo gala de simple arribismo, es que un serrano-cholo asuma la presidencia del país porque no pueden imaginar “y no van a tolerar” que uno de “ellos” los gobierne ya que, en su visión clasista, esa población solo debe “obedecer” sin protestar.

  Pedro Castillo asume la presidencia el 28 de julio en una situación interna adversa. El partido que logra llevarlo al poder, Perú Libre, es una organización regional de izquierda, de ideas anquilosadas que solo había gobernado la región central de Junín con un pésimo balance y cuyo líder tuvo que ser excluido de la plancha presidencial debido una sentencia por corrupción. Castillo, que no era militante, es incluido en la dicha plancha en calidad de invitado, aprovechando la notoriedad adquirida como dirigente de las huelgas magisteriales. Es decir, el nuevo presidente no cuenta con el apoyo del partido y mucho menos con la bancada congresal obtenida en primera vuelta. La misma bancada de Perú Libre, 37 congresistas de 130 en el parlamento, carece de unidad política, de capacidad de llegar a acuerdos con otras bancadas afines políticamente, pues representa y proviene de diferentes sectores; por ello, se irá atomizando en pequeñas bancadas durante el año y cinco meses que dura el gobierno. Una vez más, el Perú es gobernado por un presidente carente de respaldo parlamentario, lo que lo convierte en una presa fácil para un congreso deseoso de sacarlo del sillón desde el minuto siguiente de su juramentación.

  En estas circunstancias empieza la operación de acoso y derribo contra el gobierno de Castillo. Una vez más la prensa, a la que el nuevo presidente ha puesto contra las cuerdas al suspenderles la publicidad estatal, desata una serie de campañas en contra de las iniciativas del nuevo gobierno e inicia un acoso personal que va desde el modo de vestir hasta la forma que el mandatario tiene de expresarse. No es que no existieran razones para la crítica política, pero estas son elevadas a la categoría de escándalo político, magnificando y machacando la información en prensa, radio y televisión. Se instaura en los medios una nueva doble moral que los lleva a escandalizarse de acciones políticas “normalizadas” en otras circunstancias y gobiernos, de manera que, si el gobierno nombra funcionarios procedentes de Perú Libre, cosa normal en todos los nuevos gobiernos, se airea como una maniobra “comunista” de copamiento del poder. Se espulga, como nunca antes, la vida pública y privada de todos los nombrados convirtiendo en escándalo e impedimento hasta las acusaciones pasadas archivadas en el poder judicial como hechos veraces y reales que los hacen culpables y un claro “indicador” de corrupción. La negativa de Castillo de dar entrevistas a esta prensa, cualquier desaire o el más mínimo incidente con un periodista es calificado como el más grave atentando contra la libertad de prensa. El aplanamiento de la tierra cerca a la casa rural donde viven los padres del presidente para que un helicóptero pudiera aterrizar, se convierte en la construcción de helipuerto privado hecho con fondos públicos. La magnificación de los hechos es el pan mediático de cada día.    

  En las redes, los troles y opositores satanizan la figura de Castillo y van un paso más allá, empiezan una campaña abiertamente racista contra el presidente y toda la gente cercana a él, sea familiar o política. Pedro Castillo es producto de la deficiente educación publica peruana, estudió primaria y secundaria en colegios fiscales, los que reciben, si reciben, ínfimos presupuestos y para asistir a clases la mayoría de los alumnos deben hacer cada día caminatas de varios kilómetros; estudió la carrera de educación en una escuela normal, las que tienen el grado mínimo en educación superior, y obtuvo una maestría en la universidad César Vallejo, considerada la peor del país. No es pues un intelectual, es un maestro rural peruano promedio. A los ataques racistas, las burlas por su modo de vestir, las críticas por sus deficiencias en el uso del lenguaje y capacidad de expresión, se resumen en el epíteto de “cholo ignorante”. Pero Castillo no es un caso singular ni una excepción, hay millones de peruanos como él, que a la larga se sintieron aludidos por los insultos proferidos día tras día en los medios y redes, y estando a favor o en contra políticamente hablando, retomaron conciencia de lo que piensa un sector del país sobre ellos. Se abrieron viejas e históricas heridas que será uno de los motores que impulsará la revuelva en unos meses más.

Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano populares y amazónicos.

  Este discurso racista y de odio es contestado desde el gobierno por el premier Aníbal Torres, cuyos argumentos pueden resumirse en este extracto de uno de sus discursos:

   Como he dicho en otras ocasiones: Toma conciencia, pueblo peruano. En esta oportunidad tienes un gobierno del pueblo y si tienes a un gobierno del pueblo, tú eres el gobierno. Entonces defiéndete de las agresiones; no permitas, no te dejes atropellar. Y yo les pido a ustedes, nunca más se consideren inferiores a otros seres, a otros individuos. Que nos han gobernado durante doscientos años y que se consideran intelectuales, que se consideran inteligentes. Si fueron inteligentes, si fueron intelectuales, ¿por qué dejaron al Perú en la ruina? ¿Por qué hemos tenido esa ruina en salud, en educación, en agricultura, en infraestructura, en general? ¿Por qué fueron capaces? Señores, no, porque fueron ignorantes, porque fueron incapaces. Porque la supuesta inteligencia, la supuesta preparación que tenían, se debía solo al márquetin, a la propaganda; pero aquí, (señalándose la cabeza) no había nada de sustantivo. Frente a las amenazas de vacancia y juicios políticos por parte de la oposición, el premier advierte: …entonces, al pueblo no le queda otra cosa: El pueblo tiene que defenderse. El pueblo no se va a arrastrar como fue durante doscientos años de vida republicana; este es otro pueblo, que ya despertó, este es otro pueblo que sabe defenderse, otro pueblo que sabe defender sus derechos. Y si es necesario, con la propia vida, aquí estamos. Defendamos la democracia.

  Estos argumentos son rechazados por la derecha y denunciados por “incitar al odio comunista” entre la población, pero bien recibidos y calan entre los sectores víctimas de la invectiva segregacionista

  Entre el asedio mediático, investigaciones fiscales, acusaciones de traición a la patria e intentos fallidos de vacancia, el presidente Castillo logra mantenerse año y cinco meses en el poder. No puede decirse que su gobierno haya sido intachable, pero sí que su poder real fue muy limitado y que estuvo preso del partido que lo llevó a la presidencia, por lo que cometió muchos errores y posiblemente algún delito durante su gestión; magnificados, como ya dijimos, por una prensa deseosa de darle munición a la oposición en su campaña de acoso y derribo. Todas las acusaciones están en proceso de investigación, otras ya judicializadas, y falta mucho para que haya alguna sentencia condenatoria a pesar de la sospechosa celeridad del poder judicial, que tiene aún pendiente de juicio y sentencia los casos de los últimos presidentes peruanos.

  En este contexto, el 7 de diciembre de 2022 el congreso convoca a sesión plenaria en la que se debatirá el tercer intento de vacancia del presidente. Horas antes a esta sesión, en un mensaje a la nación, Castillo, en una huida hacia adelante, dispone el cierre del congreso, convocar en una mayor brevedad a unas elecciones congresales que tendrá facultades constituyentes y que deberá sancionar una nueva constitución en el plazo máximo de nueve meses desde su instauración, tiempo durante el cual gobernará por decretos ley. Dispone también la reorganización el sistema de Justicia, Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Ese mismo día, diferentes organizaciones populares convocan a una marcha nacional hacia la capital a la que denominan “La toma de Lima”. Las principales demandas de estas organizaciones es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del congreso, instalación de una asamblea constituyente y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Otras agrupaciones, afines Castillo, exigen su liberación, tras detenido el intento de autogolpe.

Y si es necesario, con la propia vida, aquí estamos

   Entre el 7 de diciembre de 2022, casi todo el mes de enero de 2023 y los primeros días de febrero, el país se ve sacudido y convulsionado por manifestaciones en casi todas sus regiones, en especial en las del centro y el sur. Aunque, de manera formal, la presidencia de Dina Boluarte se ajusta a la constitución, la población esperaba que la “primera presidenta peruana de izquierda” renunciara al cargo para forzar unas nuevas elecciones, renuncia que ella prometió llegado el caso (como prometen todos los vicepresidentes en circunstancias parecidas). Verse defraudados en ello, enardeció más a la población. Los detalles de los acontecimientos son largos de relatar y están en la prensa. Hay, sin embargo, dos cosas a destacar: la primera, trágica y más importante, la cantidad de muertos y la circunstancias en las que encontraron la muerte; la segunda, que el impulso político que llevó a las calles y hasta a Lima a decena de miles de personas, no tuvo líderes evidentes, es un movimiento orgánicamente popular.

  Empezaremos por la segunda, el desborde popular obedece, en otros factores, a los enumerado en líneas anteriores. Sin embargo, su materialización es y será un tema de reflexión para sociólogos e historiadores. ¿Cómo pudo lograrse el desplazamiento y avituallamiento de tanta gente hasta Lima sin una organización visible, sin la asistencia de un aparato logístico? La narrativa de la derecha, la oficial, va desde la conjura comunista internacional, señalando a agentes de Cuba o Venezuela, o un plan concebido por Evo Morales para anexarse la región aimara de Puno; otro argumento fue el de la financiación del narcotráfico y de la minería y la tala ilegal, o, finalmente, la reaparición del movimiento terrorista Sendero Luminoso, que habría estado “latente” durante estos años, a pesar que parte de la narrativa de la propia derecha es haber acabado con este movimiento en la última década del siglo pasado. Sin poder llegar a demostrar ninguna de estas hipótesis, salvo la detención de una profesora que llevaba menos de 400 euros en efectivo para el apoyo de sus compañeros y que fue detenida y acusada de “subvencionar las marchas”, lo cierto es que fue gracias a una compleja cadena de solidaridad y apoyo mutuo. Este concepto, en el mundo andino, es denominado “ayni”, que según el profesor Juan Núñez del Prado: consiste en dar al otro sin esperar nada a cambio, se realiza únicamente con el deseo de sentirse bien y, de esa manera, vivir en armonía y en sintonía con todo el cosmos. Así, pudo verse en algunos los medios a heladeros invitando su mercadería a los caminantes, grupos de mujeres al borde de las carreteras proveyendo de agua o fruta a los viajantes, ollas comunes organizadas para dar de comer a los manifestantes de provincia y a hombres y mujeres, de extrema pobreza, colaborando con algunas monedas a las alcancías populares. Una conocida cantante folclórica, dona 50 mil soles (unos 12500 euros) a los familiares de las víctimas de Puno y presta el autobús que usa para sus giras para trasladar gente a las manifestaciones de Lima, también se encuentra investigada por la fiscalía.

  La universidad de San Marcos, la más antigua de América y la más contestataria del país, que albergaba diferentes organizaciones de estudiantes de otras regiones, fue asaltada con tanquetas por la policía, la residencia estudiantil saqueada y todos los estudiantes visitantes detenidos, después de sufrir varias vejaciones que trasmitieron en directo por televisión. La intención del gobierno era encontrar material “subversivo” para probar su tesis de que “elementos terroristas” estaban detrás de las marchas. El resultado del operativo fue un rotundo fracaso. De la totalidad de detenidos, unos doscientos, solo quedó detenido uno, por una requisitoria anterior; no se encontró ningún tipo de material subversivo y lo requisado fueros víveres de diversos tipos. La narrativa del gobierno llegó al surrealismo cuando un general de la policía hizo una interpretación “semiótica” de unos escudos decomisados en las manifestaciones; éstos tenían la palaba BOYKA pintada en varios colores. Este general, en una entrevista emitida en todos los canales, sostuvo que el negro de una de las letras significaba muerte; la roja, violencia, y así con cada color de las otras letras. Nunca supo que Boyka es el personaje principal de una saga cinematográfica sobre un peleador callejero, ahí el nombre escogido por los que fabricaron los escudos.

  Estos son solo un par de ejemplo que demuestran cómo las movilizaciones y el desborde popular superaron todas las capacidades del gobierno, empezando por el de comprensión del problema. Los días siguientes al 7 de diciembre, se bloquearon diversas carreteras de las regiones del sur y tramos estratégicos de la Panamericana Sur cortando el acceso a Lima. A esto le siguieron manifestaciones en Puno, Andahuaylas, Ica, Arequipa, Cusco y Madre de Dios. El día 11, las manifestaciones se tornan más violentas dejando los 2 primeros muertos y 30 heridos en Apurímac. El 12, la presidenta declara el estado de emergencia en Arequipa, Ica y Apurímac por 60 días. Mientras, se van sumando más organizaciones populares a las protestas, se suspenden las clases y se declaran huelgas regionales. El gobierno contraataca destituyendo a los prefectos nombrados por Castillo acusándolos de incitar las protestas. Dos días después, el 14, al ver que no puede controlar una situación que se agrava día a día, el gobierno declara el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. Entre el 15 y el 16 se produce la masacre de Ayacucho, 10 muertos y 52 heridos es el saldo del enfrentamiento; la versión oficial de esas muertes será desmentida semanas después por la prensa independiente y organismos de defensa de los derechos humanos. En los días siguientes la cifra de muertos va aumentando y el 19 de enero de este año hay otra masacre en Puno, 17 civiles y un policía. La cifra total de muertos se estima en casi 60 al cese de las manifestaciones.

Perú, entre la inundación y el diluvio

  Son cinco las conclusiones más significativas a las que Amnistía Internacional han llegado sobre lo sucedido en el Perú.

   “La evidencia recolectada indica que la policía y el ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y a quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas”.

   “… a pesar de que la fiscalía había realizado algunas actuaciones importantes, a casi dos meses de los hechos todavía no se habían realizado diligencia claves para las investigaciones, como la realización de ciertos peritajes o la recolección de testimonios”.

   “El racismo sistemático arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”

   “La grave crisis de DDHH que enfrenta Perú ha sido alimentada por la estigmatización, la criminalización y el racismo en contra de comunidades de pueblos indígenas y campesinas”.

   “Cuando el discurso estatal pretende criminalizar a quienes se manifiestan, toda la sociedad pierde. Así, se justifican tácticas militares y policiales arbitrarias en contra de la población civil, se coarta la libertad de expresión y se revictimiza a quienes lloran la pérdida de un ser querido”.

  Coincido con el periodista Jorge Frisancho cuando sostiene que detrás de este desborde social …hay un proceso estructural de más largo alcance. Esta es la forma que toma una disputa por la hegemonía, y, dada su intensidad, no habrá marcha atrás. Habrá idas y venidas, flujos y reflujos, pero no marcha atrás. Y me parece muy bien.

  Al final, cuando el pasado nos alcance, los marginados peruanos podrán decir, como anticipó González Prada: “No somos la inundación de la barbarie, somos el diluvio de la justicia”.